Firma: otro antisistema.

ASSI –Acción Social y Sindical Internacionalista. Zaragoza.

Ajustes criminales, capítulo 1, 14 de mayo de 2010

En la última reunión del Consejo de Asuntos Financieros y Económicos de la UE (ECOFIN, 10-05-10) se anunció que España y Portugal presentarán el próximo 18 de mayo sus planes de ajuste de acuerdo a las instrucciones del FMI. Anteayer, 12 demayo, el gobierno español ya anticipó algunas de las perlas a incluir en dicho plan.

El Fondo Monetario Internacional no es ni ha sido, desde su mera fundación, otra cosa que una de las principales herramientas para la constitución de un orden global regido dictatorialmente por una élite político-económico-militar. Con él, el Banco Mundial y la OTAN. Tras él, el Banco Central Europeo. Debajo, el Banco de España. Y tantos otros organismos bailando al son de las grandes transnacionales. El escenario es dantesco: para empezar, todo se resuelve desde las políticas monetarias, sobre las que los gobiernos tienen una capacidad de decisión nula. Para acabar, las acciones en materia de política fiscal, aunque las emprendan los gobiernos, también competen al poder económico supranacional. Así éste cumple con sus objetivos, caiga quien caiga, mientras nosotros nos entretenemos con los debates de un hatajo de charlatanes bien pagados: parlamentarios, economistas, estrellas mediáticas, todólogos en general.

La Gran Europa, nos contaban. La Europa Social. La Europa con moneda única y sin política financiera. La versión europea del mercado libre mundial. La ocupación, económica y militar de Europa por el Imperio. La construcción de una identidad ficticia que justifica el expolio real, dentro y fuera de nuestras murallas. El crecimiento de una familia europea con hermanos grandes y pequeños, con hijos gordos y flacos, con élites enriquecidas y pueblos empobrecidos. El ataque del Imperio sobre sí mismo y en todas partes.

Del mismo modo que los países del llamado tercer mundo se hunden en su miserable papel de despensa mundial, los llamados países en vías de desarrollo viven la ilusión de una explosión productiva y consumista. En ambos casos, el secuestro financiero de las políticas estatales por parte de una banda internacional de ladrones y chantajistas ha hecho posible el aumento progresivo de las desigualdades y la ruina económica y social de una mayoría de la población mundial. Unas veces bajo la forma de la dictadura, otras bajo la forma de la democracia; unas veces masacrando, otras organizando el ritual de la hipoteca; unas veces invadiendo militarmente, otras ayudando con préstamos. Siempre colocando los derechos de personas y pueblos a años luz de su capacidad para satisfacerlos: la comida, la salud, la educación, la cultura, la información, el techo, la tierra, el agua, la energía,... la vida misma. Así se resume la práctica, sobre el terreno, de ese plan criminal que durante las dos últimas décadas hemos conocido como globalización. Nunca hubo más diferencia entre ricos y pobres. Nunca hubo tantos pobres. Nunca los ricos fueron tan ricos. Nunca las personas vivimos tan ajenas a nuestra propia y dramática realidad.

La marea sube, baja, va, viene y llega a Europa, empezando por Grecia y siguiendo por el resto de países débiles. Para que nos enteremos de que aquí también hay categorías: ya nos toca comprobarlo, como ocurrió en España en los años ochenta, como hace poquito en el Este de Europa, como en África asesinada de hambre o en Asia suicidada, como en Argentina hace apenas diez años, como en tantos lugares del planeta, en diferentes momentos y lugares, con sus distintas peculiaridades. El poder económico (los mercados), que no es ningún ente abstracto sino que está compuesto por organizaciones y personas con nombres y apellidos, dicta las instrucciones en base a su objetivo de acumulación ilimitada de capital y poder. Los políticos cómplices se encargan del trabajo sucio. Los ejércitos y la policía aseguran una violencia redundante. El objetivo es tan viejo como lo es el capitalismo. Las instrucciones desde fuera demuestran que no existe capacidad de decisión en los estados, en los gobiernos o en esa maldita Unión Europea que nos quisieron vender como hazaña y no se ha dedicado más que a allanar el terreno a la guerra de la globalización capitalista contra el pueblo. Y nuestro problema consiste en habernos olvidado de que somos pueblo. Es iluso y estúpido sorprenderse de que los gobiernos no tengan capacidad de acción, tan estúpido como protestar, de modo confuso y miope, las decisiones de éstos: de lo que realmente son culpables es de colocarse del bando del poder y en contra de los derechos fundamentales de sus gobernados. No cabe la presunción de inconsciencia, mucho menos la de inocencia. Que se vayan todos. No existe democracia con ellos. Habrá que practicarla sin ellos.

El Reino de España y su endémico retraso histórico tenía un papel asignado en todo este circo desde que transitó a la democracia liberal: pasamos del subdesarrollo fascista al desarrollo postfascista en un santiamén (nunca mejor dicho) y nos convertimos en una potencia con segundas viviendas, automóviles caros, empresarios emprendedores, fraude fiscal masivo, grandes fortunas, paraísos fiscales, empresas transnacionales que saquean en el extranjero. Para eso, por supuesto, habíamos sido invadidos financiera, cultural y militarmente. Construimos un estado de bienestar de cartón piedra mientras en el resto de Europa el auténtico estado de bienestar ya se derrumbaba. Nació la clase media, ese logro consolidado (a nivel estructural, institucional y social) por el desarrollo postfascista y levantado sobre los pilares del endeudamiento. Para que esto fuese posible había que acometer reconversiones industriales, reformas laborales, privatizaciones,... a costa de mayores desigualdades, despidos, paro estructural, desmovilización social y política, precariedad generalizada, creación de guetos y multiplicación de la población penitenciaria. Burda domesticación de las masas por la vía del palo democrático y la zanahoria consumista. La incorporación del Reino de España al neoliberalismo global arranca con el gobierno del PSOE (Partido Socialista Obrero Español) y, casualidades de la vida, encuentra con él también su capítulo actual. No le falta razón a Santiago Alba cuando explica que "en España, gane quien gane las elecciones, siempre gobierna la derecha". Precisamente porque una democracia neoliberal funciona si sólo y siempre gobierna la derecha. Precisamente porque la visión del mundo que considera natural el enriquecimiento de unos pocos contra la miseria del resto es de derechas.

Precisamente porque para ello se necesita convertir a la población en súbditos- espectadores-consumidores que sólo pueden ser buenos ciudadanos si son profundamente de derechas. Por eso no debemos hablar de democracia sino de dictadura capitalista. La política, que ya no cuenta entre nuestras facultades como seres sociales sino que se nos suministra por un embudo desde la cosmética propagandística de una casta de parásitos profesionales, no tiene que ver con nosotros. Decir eso es como obligarnos a pensar sin cerebro, respirar sin pulmones, hablar sin boca o correr sin piernas. Zapatero y su réplica griega, Papandreu y su copia española, hablan en el parlamento con las mismas palabras que usaron tantos y tan infames presidentes argentinos. Todos iguales. Atravesamos una crisis, dicen. Nos piden un esfuerzo. Qué importante debe ser la crisis cuando se habla de ella tanto como se ignora la catástrofe permanente de un sistema económico genocida que elimina del mapa a miles de personas por día. Una crisis financiera, dicen. Pero la crisis no es financiera sino de origen financiero, que es bien diferente: no hablemos de crisis financiera sino de otra fase de la catástrofe estructural provocada desde el sector financiero. Antes que eso está la relación de chantaje a nivel global que, con armas económicas (o con las armas de las de toda la vida cuando es necesario), se pretende extender al último rincón del mapa. Sumidos en una estupidez comatosa, creíamos que Europa estaba en el primer mundo pero el mundo sólo es uno, como el pueblo. No somos inocentes, más bien hemos sido idiotas, pero siempre hay una última oportunidad de reaccionar. Evitemos caer en la trampa más antigua de la historia: evitemos actuar en la dirección equivocada. Evitemos identificarnos como parados contra funcionarios, mujeres contra hombres, jóvenes contra jubilados, blancos contra negros, o viceversa. Tenemos una nueva oportunidad, ésta más grave que las anteriores, de demostrar que no es tan fácil engañarnos como cree nuestro enemigo –por muchas muestras que le hayamos dado para pensarlo.

Fukuyama pretendió anunciar en 1989 que todo había acabado, que la democracia liberal sellaba el fin de la historia. Con ello expresaba la voluntad del neoliberalismo, de sus mercados y de quienes los gobiernan. Contra ello debemos demostrar, como están haciendo en Grecia, que aún nos late el corazón y que somos capaces de identificarnos en como colectivo agredido a la vez que señalamos a los culpables de este crimen.

Culpables son quienes se enriquecen a costa de la miseria ajena y siguen intentando convencernos de que es por el bien de todos; quienes no dejan de enriquecerse aún cuando se nos vende una crisis ante la que hemos de unir nuestra fuerzas; quienes argumentan pseudocientíficamente, desde una mentira llamada teoría económica, a favor de éstos; quienes pelean por el campeonato de la mentira desde los carteles y pantallas de una campaña electoral permanente; quienes no persiguen otra ilusión que la de ser tan ricos como ellos; quienes miran para otro lado intentando salvar su propio trasero; quienes protegen con su porra (avión, tanque o misil) a unos y otros por un puñado de monedas manchadas de sangre.

 

Ajustes criminales, capitulo 2, 18 de mayo de 2010

EL PAPEL DE LOS SINDICATOS 'AMARILLOS'. La experiencia de los últimos 30 años de 'progreso' y desmovilización 'a la española' nos asegura que los sindicatos 'amarillos' no van a formar parte de la solución a la tensión social generada por los planes de ajuste y la reforma laboral, ni siquiera de una respuesta digna. Ya lo han reconocido. No van a llamar a una unidad social que no les interesa, no van a pedir solidaridad entre los distintos sectores afectados, no van a conectar los problemas del funcionariado, la jubilación, la precariedad juvenil, el despido masivo, el desempleo, los desahucios, la inmigración explotada y el largo etcétera que completa la catástrofe social permanente, ésa que va fatal cuando se supone que 'no hay crisis' y va peor cuando sí la hay. No se les ocurrirá llamar a una verdadera huelga general a no ser que, como en Grecia, el pueblo les obligue a hacerlo.

Se limitarán a protestar contra los 'excesos coyunturales' del capital financiero, como si la normalidad del capitalismo fuese bonita, como si la situación a la que ellos mismos han contribuido firmando todas las reformas laborales durante tres décadas fuese justa o digna. Ahora que la 'paz social' no puede garantizarse sólo con pan y circo, convocarán movilizaciones sectoriales (la primera el 20-M) para desmovilizar y dividir socialmente, con pronunciamientos sobre problemas parciales para parar así la huelga general, que es la única respuesta social justa posible. Ese mismo día, el 20-M, el pueblo griego nos dará una lección por cuarta vez.

Dicen: "convocamos una huelga de funcionarios". Pero ¿qué hacían cuando se multiplicaban las colas en las oficinas de empleo? ¿Qué decían mientras firmaban, una tras otra, las reformas laborales? ¿Qué decían cuando se legalizó el delito de las ETTs? ¿Dónde estaban mientras se precarizaba hasta la náusea al ejército de reserva juvenil? ¿Y cuando se multiplicaban los despidos en todas partes? ¿Qué hay de la conciliadora incorporación de la mujer a la trituradora del mercado laboral? ¿Qué opinan de las políticas de extranjería basadas en la demagogia y la explotación del miserable? ¿Por qué no se oponen a las cárceles para extranjeros pobres? Nunca los supuestos 'representantes' de los trabajadores colaboraron tan eficazmente en una guerra social fratricida. Han contribuido a la extensión moderna del clasismo, el racismo, el sexismo, el machismo y la insolidaridad social, sinónimos todos ellos de una desintegración de la convivencia tan sutil como eficaz. Y para colmo, su mensaje ambiguo sirve incluso al PP para presentarse ante la opinión pública como el 'partido de los trabajadores', provocando la clásica y demagógica confusión que desorienta a una audiencia mayoritariamente incapaz de dirigir su rabia con puntería.

Dicen: "no puede ser que desde fuera se evalúe y decida sobre nuestra situación y nuestras políticas". ¡Como si eso fuese una novedad! ¿Dónde estaban cuando se construía la Europa del mercado libre y antidemocrático? ¿Qué decían cuando eran nuestras empresas las que se beneficiaban de la falta de soberanía en los países que hemos expoliado durante las dos últimas décadas? ¿Cuántos asesinatos de sindicalistas colombianos han denunciado públicamente? ¿Dónde estaban mientras nuestras élites y sus empresas arruinaban las vidas de la población trabajadora, indígena y campesina en tantos lugares?

Dicen: "las medidas del gobierno son injustas porque los trabajadores y trabajadoras inocentes pagan las consecuencias y los culpables de la crisis se siguen beneficiando". ¡Pues claro! ¿Ahora se dan cuenta? ¿O más bien se fingen indignados para que su clientela no vuelva su cabreo contra ellos? Demasiado tarde, élite sindical empresarializada... ya no os creen. Vuestro curriculum colaboracionista os delata.

Resumen histórico de las reformas laborales en la democracia neoliberal española

(Fuente principal: Las reformas laborales en España. Encarna Ruiz Galacho):

1977. Pactos de la Moncloa: contención salarial. Se implanta por primera vez la subordinación de los aumentos en los salarios nominales a la inflación prevista por el gobierno, facilitando la sujeción permanente a la baja de los salarios reales.

1979. Acuerdo Básico Interconfederal, para ir preparando la elaboración del Estatuto de los Trabajadores entre UGT y CEOE –que lanza la delirante y absurda acusación a UCD de 'sovietizar España'. Se rompe oficialmente la unidad del frente sindical.

1980. Acuerdo marco Interconfederal entre CEOE y UGT, que introduce la moderación salarial y reglas sobre productividad y absentismo. CCOO, en un estertor de dignidad, se niega a firmar porque el acuerdo garantiza la pérdida de salarios reales y de poder de negociación colectiva, así como un modelo sindical burocrático, antidemocrático y corporativo. Ellos mismos lo avisan: el Estatuto de los Trabajadores es derechizado por la patronal y el gobierno acaba introduciendo la temporalidad y modificando las condiciones del despido, todo ello en perjuicio de los trabajadores/as.

1981. Acuerdo Nacional de Empleo (gobierno, CEOE, UGT y CCOO) que reduce salarios y aumenta la contratación temporal.

1982. El PSOE gana las elecciones con un discurso keynesiano que se traduce inmediatamente en prácticas neoliberales. Comienza la fase de flexibilización, ataque a la estabilidad del empleo y facilitación de los despidos.

1983. Acuerdo Interconfederal (gobierno, CEOE, CCOO y UGT). Se prepara el escenario para la generalización de los contratos temporales (llamados de 'fomento del empleo' y fuertemente incentivados desde el gobierno), principal herramienta para la división de la población asalariada. Se intensifica el rendimiento y la productividad del trabajo. Los costes del despido se abaratarán en extremo.

1984. Ley de Reconversión Industrial. Comienza la privatización masiva y, con ella, el paro masivo. Reales Decretos sobre contratación laboral precaria. Endurecimiento de las condiciones para la percepción de las pensiones de jubilación, reducción de su cuantía y promoción de la jubilación anticipada a favor de la nueva precariedad.

1985. Primera huelga general por las medidas del PSOE (con todos los sindicatos salvo UGT), con más de 4 millones de participantes y contra el recorte de las pensiones.

El auge empresarial de finales de los años ochenta se traduce en una recuperación del empleo basada en la temporalidad y los bajos salarios. Tanto en épocas de bonanza como en recesión, la distancia entre las tasas de beneficio empresarial y el descenso de los salarios reales del trabajo sigue en aumento. Así, en 1988, el peso de los salarios en el PIB retrocede al nivel de 1966. Bajan las cotizaciones de empresarios a la S.Social, las pensiones, la cobertura por desempleo, la duración de los contratos, el coste del despido. Se derogan las Ordenanzas Laborales del Franquismo por contener, en su mayor parte, condiciones más favorables (¡!) a los trabajadores de las que estaba aplicando el gobierno neoliberal del PSOE.

1988. Suena la flauta: una segunda huelga general (esta vez sí están todos) consigue la retirada de un Plan de Empleo Juvenil que aumentaba la precarización.

1992. Siempre con la excusa de fomentar el empleo y proteger el desempleo, llega la tercera reforma laboral del PSOE. El Decretazo endurece las condiciones de acceso y reduce el número de personas con derecho a cobrar el paro, la cuantía de éste y la aportación estatal. Se instala la triunfante visión del parado como 'vago, parásito y defraudador'. A la vez, el encadenamiento de contratos temporales en claro fraude de ley se convierte en una práctica habitual y extendida hasta hoy.

La respuesta al decretazo se limita a una huelga general de media jornada.

1994. Con un índice de paro que supera el 20%, el PSOE enfrenta la reforma más grave del Estatuto de los Trabajadores: se temporaliza la temporalidad y se precariza la precariedad. Nace el contrato-basura (de 'aprendizaje') y se legaliza, mediante las ETTs, lo que hasta entonces era delito: traficar con la fuerza de trabajo. También aumenta el poder del empresario para despedir, bajan los costes del despido y se permite un 'despido económico objetivo' para echar al 10% de una plantilla sin necesidad de ERE. Otros ataques a la población asalariada afectan a la movilidad funcional y geográfica, la polivalencia de los puestos de trabajo, la jornada laboral, vacaciones y descansos. La negociación colectiva sufre la desregulación y se acentúa la desprotección de los sectores más vulnerables y reivindicativamente débiles.

La huelga general de 1994, pese a la participación masiva, representa un punto de inflexión en la desmovilización y el abandono definitivo de la confrontación por los sindicatos institucionales.

1995. El PP llega al gobierno, recién iniciado un ciclo económico alcista que permite gestionar el resultado de las agresiones frontales ejecutadas por el PSOE. Los sindicatos ya no cuestionan el discurso y las políticas neoliberales. Se consolida la perversa 'concertación social'. Las propuestas de reducción de la jornada laboral son rechazadas en el parlamento.

1997. Se firma un Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad en el Empleo, con total consenso. La falsa y nauseabunda idea de que 'los empresarios crean empleo' se convierte en ley incuestionable. Los términos 'competitividad' y 'flexibilidad' ya son palabra de dios. Se crea el contrato fijo barato, en realidad igual de temporal que antes pero con el despido aún más fácil, y un nuevo contrato para la formación. Para cada nuevo puesto de trabajo creado se necesita firmar 26 contratos.

La tasa de eventualidad se había multiplicado por 4 en 10 años, la subcontratación se extiende ilimitadamente y la siniestralidad laboral (sobretodo en el sector de la construcción) se dispara. Una iniciativa legislativa para regular la subcontratación, apoyada por medio millón de firmas, es rechazada por los votos del PP.

2001. En una breve fase de debilidad de la concertación, el PP aprueba la nueva reforma laboral por Real Decreto. Y a callar. CCOO rechaza la propuesta de huelga general de UGT. Se firma el Primer Acuerdo Interconfederal de la Negociación Colectiva para moderar los salarios y someter los contratos a la flexibilización continua y la competitividad de las empresas. Los sindicatos firmantes, en un alarde de cinismo, dicen querer evitar los conflictos innecesarios.

2002. El PP impone otra reforma laboral por decreto y al margen del ET, a pesar de la primera huelga general convocada contra su gobierno. 6'5 millones de accidentes laborales y más de 10.000 trabajadores muertos ilustran esos últimos seis años de legislatura. Se sigue reduciendo la prestación por desempleo y aumentando la facilidad del despido. 'Quien no trabaja es porque no quiere'... dice Aznar. Todos callan.

2006. Acuerdo para la mejora y el crecimiento del empleo. Todos firman. Un supuesto empleo indefinido, que en realidad se acompaña de un despido más barato más generosas bonificaciones al empresario (más de 2.500 millones de euros) y mayores rebajas de sus cuotas a la S.Social, sustituye al contrato temporal. No es más que un juego de palabras.

2009. Todos firman un Compromiso sobre Negociación Colectiva que supone, en realidad, la preparación del terreno a las reformas que van a ser aplicadas con la excusa de la crisis actual.

La historia se repite una y otra vez. Los métodos y excusas empleados para continuar una carrera hacia ninguna parte, también. Comparad la evolución de la legislación laboral con sus consecuencias reales y las diferentes coyunturas de supuesto auge o recesión. El único elemento constante en todo momento es el aumento del beneficio empresarial, la concentración de poder en grandes corporaciones y la acumulación de beneficios; del otro lado, la reducción permanente de salarios reales, la precariedad, el endeudamiento, la frustración, la desorientación, la desmovilización social, la pérdida de un referente más allá del propio interés. La historia del neoliberalismo en el Reino de España, como en cualquier esquina de la globalización, es la historia de un modelo destructor de puestos de trabajo que repite promesas de mejora a costa de destruir más puestos de trabajo –y si sólo fuera eso... Simplemente porque los seres humanos ya no servimos, simplemente porque la mayoría les sobra. Millones de personas empobrecidas que, en la Europa del capital, la guerra y las mentiras como catedrales, siguen intentando salvar su trasero y permanecen deslumbradas por los pornográficos alardes de los más ricos.

Ya es hora de aclararse. Ya es hora de comprender que ya es hora de hacer justicia.

Empresarios y voceros de la banca (españoles y europeos, fascistas del libre mercado) insisten en la necesidad de más reforma laboral. Se saben dueños de un poder absoluto. El gobierno hará lo que le manden: ya lo ha anunciado, dando un plazo de dos semanas mientras Europa le felicita por su 'valentía'. Y los sindicatos cómplices azuzarán la división social para que otros repitan la victoria: unos cuantos paseítos por la calle, turno por turno, para asegurar el derecho a la pataleta inútil, siempre con las decisiones ya tomadas y las reformas consumadas. Como siempre. Que nadie diga que le engañan. Que nadie diga que no lo sabía. Ha ocurrido tantas veces en pocos años...

Pero las llamadas a la huelga general comienzan a sonar, dispersas pero convencidas. ¿Seremos capaces de dar una respuesta frontal, radical, unitaria, anticapitalista y plural? ¿O sólo en Grecia saben hacerlo? Urge una respuesta que sume las expresiones de todas las víctimas del sistema y en la que cada sector deje bien claro que nunca puede defenderse un derecho propio sin pelear por los derechos del resto. Una respuesta cuya justa expresión pasa necesariamente por la huelga general. Ése es el primer paso de toda reacción digna desde el pueblo hacia quienes, forzando la máquina del despojo y la concentración de riqueza, le declaran la guerra. Cada oportunidad que perdamos podría ser la última.

Post Scriptum: un ejemplo / Convocatoria de huelga sectorial emitida por la Federación de Enseñanza de CCOO de Aragón: "CCOO rechaza el recorte de los salarios públicos por primera vez en democracia y convoca a movilizaciones". Efectivamente, un leve error gramatical expresa la triste realidad. Valga la exageración: "CCOO rechaza, por primera vez en demasiado tiempo, el recorte de los salarios públicos". ¿Por qué no rechaza la totalidad de una agresión a la totalidad de la población trabajadora? ¿Tan difícil es analizar las implicaciones de un ataque total que perjudica a toda la población salvo a una élite que no para de enriquecerse a costa de nuestro empobrecimiento? Cualquier cosa menos afrontar una crítica del modelo, de sus fines, sus beneficiarios y su poder destructivo.

 

Ajustes criminales, capítulo 3, 3 de junio de 2010

La mano visible del mercado en España y su dependencia de lo público

Fase final del triunfo del neoliberalismo. Muy pocos entre nosotros creyeron a Sarkozy cuando llamó a la "refundación del capitalismo" –como si con eso fuera suficiente. Sin embargo, hoy es evidente que iniciamos la fase final de la refundación del modelo bajo el cual el capitalismo se ha manifestado en Europa en los últimos 50 años, una fase tras la que no sólo no cabrá ver una ya desvirtuada diferenciación entre el modelo social europeo y el norteamericano. Los trabajadores europeos sufrirán en sus carnes los ajustes neoliberales "recomendados" por el FMI y el BCE. La fase final de una etapa que se inició a finales de los 70 con la experimentación neoliberal de los Chicago Boys en el Chile Pinochetista, aplicada en los propios EEUU con Reagan, que aterrizó en Europa con la llegada de Thatcher al poder y la célebre frase "es hora de acabar con el Estado del Bienestar" de su investidura; para acabar introduciéndose en el continente por el entonces modélico Reino de España. Y es que, tras nuestra modélica transición, iniciamos el postfranquismo con una modélica liberalización de la economía liderada por el hombre blanco que hablaba con lengua de serpiente: Felipe González.

El PSOE, agente doble del neoliberalismo en Europa. La implantación del neoliberalismo europeo empezó en el Reino de España con un gobierno PSOE y se consumará con otro gobierno PSOE si no lo impedimos. ¡Trágico destino el de ZP! Todas las "concesiones" anteriores al gran capital no han sido suficientes (desmantelamiento del sector público, enriquecimiento de las grandes constructoras con dinero público asignado a dedo, desactivación del impuesto de Patrimonio negociado con César Alierta (Presidente de Telefónica), aumento de impuestos indirectos, nuevas prestaciones populistas sin diferencia de rentas en su disfrute (cheque-bebé, rebaja de 400€ del IRPF) y dejar intactas las SICAV que gravan los rendimientos del capital al 1% cuando los trabajadores lo hacen a un mínimo del 18%. Ahora ZP está de nuevo asediado, tanto desde el exterior como desde el interior: directamente, por una UE rendida a los intereses del capital financiero; por vía indirecta, a través de las "recomendaciones" del FMI; por la presión de los EEUU y del mesías Obama; encerrado en un gobierno cobarde (fuerte con los débiles y débil con los fuertes); con una sociedad civil ausente y Tradeunion free; asediado por una hegemonía mediática neoliberal donde las reformas son modernas, necesarias y responsables y los que se oponen arcaicos, populistas e irresponsables; rodeado de una socialdemocracia de corbata sin más rumbo que ocupar despachos y dárselas de progres azuzando al clero pero sin tocar uno sólo de sus privilegios. Pobre ZP, que no puede aplicar una solución progresista a la crisis "como a él le gustaría"... Y es que resulta que, para solucionar la crisis financiera, primero hay que reducir el gasto social y desregular el sector productivo y sus relaciones laborales; al mismo tiempo, mantener la promesa de la regulación futura de los mercados financieros que privatizan el beneficio mientras socializan las pérdidas; y después, ya, dejar que la mano invisible del mercado actúe para que los yogures de marca blanca regresen a todos los frigoríficos del Reino.

La mano visible del mercado en la España contemporánea. Manos, sí, pero ¿invisibles? ¡Ja! El mercado tiene segurata en la entrada (la salida es difícil de encontrar); letrero en cada establecimiento donde comprar productos y vender tu fuerza de trabajo; y unos tipos con talante social que hasta ahora daban a los "más desfavorecidos" (en el mercado también los hay que son "favorecidos") un vale de descuento de 20 céntimos por pack de yogures para gastarlos, siguiendo las reglas del mercado, en el establecimiento que en libertad escojamos.

El mito del mercado meritocrático es más burdo en España, si cabe, que en el resto del primer mundo (ese que alberga también el cuarto mundo). En el Reino de España, estructuralmente, las grandes fortunas no son de emprendedores ni de prohombres hechos a sí mismos sino de un número de familias que, salvo cacareadas excepciones (Amancio Ortega, dueño de Inditex, empresa ligada en no pocos informes a la explotación infantil), se entroncan a la oligarquía terrateniente patria desde finales del siglo XIX o a las fortunas generadas durante el franquismo con el plácet del régimen, todos ellos capaces de asegurarse una adaptación a la transformación de la economía permeando el Estado y apropiándose de los recursos públicos y sociales. Ellos han tenido y continúan teniendo el favor del Estado para apropiarse de lo público. Así fue con Alfonso XIII, con Franco, con Suárez, Felipe y Aznar, y así sigue siendo con los ZP, Bono, Camps o Aguirre. Pero, ¿Quiénes son estos "favorecidos"? ¿Qué intereses defienden? ¿Cómo hacen valer sus intereses ante los nuestros?

A continuación, otro antisistema militante y furibundo intenta responder a esas preguntas:

1. ¿Quiénes son estos "favorecidos"? La élite económica y financiera española. De dónde viene. Fases de gestación y consolidación. 1

Como se ha dicho, las grandes fortunas en España se han forjado y siguen forjándose gracias a la connivencia entre quienes poseen estas fortunas y quienes deciden la gestión de la administración y el Estado. Es decir, ha sido la apropiación de lo público -directa o indirectamente- en pocas manos privadas vía intervención estatal lo que ha facilitado la creación de esas grandes fortunas para favorecer a esos ilustres apellidos que representan la mano visible del mercado. Hagamos un breve recorrido histórico.

A principios del siglo XX, la gestación de la aristocracia financiera. A la nobleza y alto clero terratenientes (Medinaceli, Alba, Fernán Núñez, Arión, Peñaranda, Villahermosa, Infantado, Sástago, Lerma) le acompañaba ya una burguesía agraria aún en parte noble, una burguesía comercial y de negocios. En torno a la I Guerra Mundial, los industriales y banqueros cobran más importancia pero continúan enlazados con la gran propiedad agraria, que será ennoblecida por Alfonso XIII. La dictadura de Primo de Rivera supondrá el comienzo del intervencionismo económico del Estado que favorece a las grandes empresas (ferrocarriles, navieras, minas...), así como a la participación de grupos de presión en organismos consultivos de la economía, y el esfuerzo del Estado por estimular la acumulación capitalista en grandes centros, ayudando o sustituyendo en la inversión al capital privado en aquellas ramas que no sean momentáneamente rentables pero que, una vez beneficiosas, serán privatizadas nuevamente.

En aquellos años se forjó la oligarquía financiera española vinculada a los grandes terratenientes: los Rafael Benjumea (conde de Guadalhorce), Francisco Moreno, conde de los Andes, conde de Vallellano, José Félix de Lequerica, marqués de Urquijo.

Esta aristocracia financiera fue tomando el control sobre las industrias emergentes (minera, siderúrgica, naval, de construcciones mecánicas y eléctricas, energía eléctrica, explosivos, azúcares y ferrocarriles). Todos ellos apoyarán después el levantamiento de Franco y el régimen fascista establecido tras la guerra civil.

El régimen franquista acentúa el intervencionismo estatal favoreciendo la acumulación en pocas manos. En el franquismo el Estado se convirtió en el principal agente económico del país promoviendo monopolios, defendiendo y privilegiando fiscalmente la forja de una oligarquía en la que destacan Juan March, Banús, Meliá, el naviero Aznar, Koplowitz, Barreiros, banqueros, aristócratas, tecnócratas,... y, junto a ellos, la familia de Franco. Durante el franquismo ser dieron tres procesos que van a tener todavía hoy un impacto significativo en la composición de la élite económica: 1) la continuidad y afianzamiento de la aristocracia financiera que se introducirá en las grandes industrias monopolísticas españolas; 2) la creación de Empresas Públicas; 3) la gestación de muchas de las constructoras cuyo propietarios en los últimos años han copado el top 20 de las grandes fortunas en el Reino de España –este proceso vendrá favorecido por el inicio, a finales de los sesenta y setenta, de la inversión estatal en obras públicas.

Así, en primer lugar hay que recordar que el franquismo tuvo tres grandes núcleos de poder: el Ejército, la Iglesia y la Aristocracia Financiera. La Aristocracia Financiera era una élite económica de tipo patrimonial-empresarial, cuyo poder se basa en buena parte en una red de relaciones familiares y de trato social que vincula en términos de endogamia de grupo la Aristocracia y el mundo financiero, con una gran concentración de poder. De los 112 bancos existentes en 1975, los 7 mayores disponen de casi el 70% de los ahorros. La oligarquía española, presente en todas las ramas de la industria, se hizo con las grandes empresas –generalmente ubicadas en los sectores básicos. Al finalizar el franquismo, las 68 sociedades anónimas industriales con más de 700 millones de pesetas de capital suman un 46,2 por cien del total desembolsado por las S.A. españolas. En 51 de ellas tienen consejeros comunes los cinco grandes bancos.

En segundo lugar, el boom de las empresas públicas en el franquismo supuso una ruptura absoluta con el periodo anterior. presas de los intereses de quienes las gestionaban. La corrupción y la fuga de capitales fueron una constante en todo el periodo. Los servicios y contratos prestados a empresas públicas fueron una forma habitual de ayudar a enriquecerse a amigos o familiares que después abrían la puerta de la empresa privada a anteriores gestores y altos funcionarios. Todavía hoy, la estructura de contratas de servicios y obras de mastodontes en España como RENFE y ADIF sigue presa de esos mismos canales nepotistas que enriquecen a personajes como Florentino Pérez o las hermanas Koplowitz y encarecen en gran medida esos mismos servicios. Aún siendo públicas, no estuvieron al margen de caer

Estas empresas públicas consolidadas en aquellos años han sido y son (ahora ya privatizadas muchas de ellas) el corazón de la economía española. Por ejemplo: en 1990 seguían en cabeza las públicas Telefónica, Renfe, Endesa, Ensidesa, Empetrol/Repsol, Iberia; monopolios como Campsa y Tabacalera; empresas de sectores nada competitivos como las eléctricas privadas Iberduero, Hidrola, Unión Eléctrica-Fenosa, Fecsa, Sevillana de Electricidad; bancos como Bilbao-Vizcaya, Central, Banesto, Hispano, Santander y Popular.

En 1990, sólo alteraba el escenario de 1974 la emergencia de grandes compañías como El Corte Inglés (14ª), la Corporación Industrial y Financiera Banesto (18ª) o el grupo Torras (19ª). Tras las privatizaciones de los noventa, las actuales grandes empresas industriales y de servicios son antiguas empresas públicas privatizadas. Y de no haber sido así, ¿existirían ahora las grandes compañías de capital español como Telefónica, Repsol, Endesa, Arcelor, Iberia y tantas otras? Ya en el año 2000, tras la mayor parte de las privatizaciones, las principales empresas españolas en la lista mundial eran: Banco Santander en el puesto 46, BBVA en el 66, Telefónica en el 80 y Repsol-YPF en el 109. Les siguen Endesa, Cepsa, ACS, Ferrovial y Altadis. Las primeras representaban en conjunto el 70% del IBEX35. Fue a estas empresas, de entre un grupo poco más amplio, a las que el PSOE favoreció con su reforma fiscal en 2006 y la rebaja del impuesto de sociedades de 4 puntos.

En tercer lugar, durante el franquismo se posicionaron muchas de las constructoras que dominan hoy el panorama español y prácticamente mundial del sector (6 de las 10 empresas de obra pública más grandes del mundo son españolas, algo insólito en cualquier otro sector). Durante esos años se produjo la creación y progresivo fortalecimiento de empresas favorecidas por la elección en la prestación de servicios por parte de la administración franquista como Ferrovial, Fadesa o distintas constructoras que han ido fusionándose o renombrándose. Aunque todavía a final del periodo franquista estos empresarios no ocupaban los primeros puestos del ranking, con el boom de obra pública (desde los años ochenta hasta ahora) e inmobiliario (desde los noventa hasta ahora) se han posicionado en los primeros lugares –como luego veremos.

A finales del franquismo, en 1977, la oligarquía financiera penetraba los consejos de administración de las principales sociedades anónimas. Estudios sobre la presencia en consejos de administración en la banca privada, industrias eléctricas, del cemento y azucareras, sector petróleo, monopolios públicos y el INI concluyen una lista de las veinte personas más influyentes a los que con frecuencia se suman cargos oficiales y títulos nobiliarios:

"los presidentes de los bancos Español de Crédito, J.M. Aguirre Gonzalo; Pastor, Condesa de Fenosa; Santander, Emilio Botín; Vizcaya, Pedro Careaga; de España, L. Coronel de Palma; Ibérico, Alfonso Fierro; el administrador de Banesto y dos veces ministro Gregorio López Bravo y J. Mª Ruiz Mateos; los empresarios industriales José Barreiros, automóvil; Claudio Boada, INI; Mario Caprile, Fábrica Española de Magnetos; Luis Carulla, Gallina Blanca; Nicolás Franco, Renault; Antonio Garrigues, Colgate- Palmolive; Bartolomé March, FECSA; Manuel Márquez Balín, Standard Eléctrica; J. Mª Oriol y Urquijo, Hidroeléctrica Española; José Banús, construcción; los del comercio como Ramón Areces, El Corte Inglés y de la prensa, Carlos Godó, propietario de La Vanguardia"2.

Ya en el postfranquismo, la expansión del sector y el gasto público durante los siguientes tres decenios ha convertido al Estado en centro de todas las demandas y la gestión del Estado ha seguido priorizando el enriquecimiento de unos pocos a costa del trabajo y el bolsillo de la mayoría.

Entre 1980 y 1994, el gasto público se multiplicó por 6,2. Por el sector público pasaba la mitad del producto interior bruto de la economía española. Las grandes fortunas penetraron igualmente los sectores que dependían de la prestación privada de obras y servicios (infraestructuras, subvenciones a empresas) y siempre han presionado para que el estado deje de acometer por su cuenta más obras y servicios (como ejemplo la progresiva descapitalización de la sanidad, la educación y los fondos de pensiones, acompañada de la externalización, la concertación y la promoción vía deducción fiscal, respectivamente). No olvidemos que esos fueron los años más jugosos de la cultura del pelotazo española.

Los partidos en el poder trataron de beneficiarse de esa cultura de la corrupción del Estado español para asegurarse una financiación privilegiada o para enriquecerse personalmente. Así, es conocido que el PSOE primero y el PP después levantaron un conglomerado de empresas para financiarse y mantenerse en el poder a través de una serie de empresarios cercanos a los partidos, aspirando a controlar las cajas de ahorros y los consejos de administración de los grandes bancos, aprovechándose de la reconversión industrial para poner las empresas estatales en manos de personas cercanas al partido y controlando las emisoras de Radio y Televisión privadas.

Esta situación incluye negocios de ventas de armas, prebendas derivadas de las compras del petróleo y del gas, el comercio de Estado, comisiones de los convenios económicos internacionales o pactos secretos con empresarios de la comunicación para el reparto de la Televisión privada3.

Al final del siglo, entre las 300 grandes fortunas españolas todavía se contaban muchas con al menos medio siglo de veteranía y, por tanto, realizadas o consolidadas durante el franquismo. Son las siguientes:

"[Estaban los que eran ricos antes del franquismo]: Abelló, Aguirre, Banús, Benjumea, Botín, Castelo, Cortina, Delclaux, Entrecanales, Fierro, Folch, Granca, Larios, March, Márquez de Prado, Masaveu, Matutes, Osborne, Pablo Romero y Pastor; los 'nuevos ricos', fortunas creadas en la Dictadura de Franco (entre otros, Amusátegui, Areces, Aristraín, Beteré, Carulla, Coronel, Eguizábal, Fernández Tapias, Ferrero, Juncadella, Lladró, Pascual, Raventós, Revilla, Sánchez Ruipérez, Suñer y Villar Mir). En fin, en expresión muy popularizada, los miembros de la 'cultura del pelotazo' (Vilá Reyes, J.C. Muntadas Prim, J. de la Rosa, M. Prado y Colón de Carvajal, Mario Conde, Jesús Gil y otros). Y también alcanzan grandes fortunas en las cuatro décadas del franquismo importantes directivos de la banca (Botín, Entrecanales, Gómez Acebo, March, Masaveu, Matutes, Oriol, Rafael del Pino, Epifanio Ridruejo, Urquijo, Valls Taberner, Ybarra...), altos funcionarios (Benjumea, L. Calvo Sotelo, Díaz Hambrona, Sáinz de Vicuña), militares (varios Borbones, Álvarez de Toledo, Martín Alonso, Martínez Campos, Varela...) y diplomáticos (Areilza, Cortina, los Gómez-Acebo, Lequerica, Lojendio, Pan de Soraluce, Sanz Briz)"4.

¿Cuáles son hoy las grandes fortunas?

Cincuenta family offices. Desde hace 20 años, los grandes patrimonios se organizan en torno a los llamados holdings de empresas familiares, es decir, entramados de sociedades que les generan, ante todo, suculentos ahorros fiscales. Algunos (unos 50) tienen gestores exclusivos, llamados "family offices", de los que fueron pioneros los Del Pino, March o Alicia Koplowitz.

En 2008, genéricamente las grandes fortunas iban parejas a las grandes empresas españolas donde ya se habían introducido preferentemente las constructoras:

"los grandes financieros (Botín, March, Fierro, Urquijo, Vilarasau, Conde y de la Rosa, Ruiz Mateos, Abel Matutes), las grandes empresas de la alimentación (Telepizza, Campofrío, Navidul, Fontaneda, Pescanova), los grupos Helios y Fuertes, Pascual, Mercadona, Pamesa, Caprabo, Cola Cao, Chupa-Chups, Gallina Blanca, Panrico-Donut, embotelladoras de Coca-Cola, Revilla), moda (Zara, Adolfo Domínguez, Cortefiel, Tapiocca), las bodegas (Eguizábal, García Carrión, Falcó, Osborne, Domecq, Torres, Freixenet, Codorníu), la cementera Asland, las constructoras (Koplowitz, Entrecanales, Ferrovial de Rafael del Pino, ACS de Florentino Pérez, Espacio de Villar Mir y otros negocios de gente del fútbol como Jesús Gil, Lorenzo Sanz, J. L. Núñez, Ruiz de Lopera,...), el acero (Aristraín, Ybarra) Y servicios como Aguas de Barcelona, Agbar, Catalana de Gas o los "Reyes del Juego"). Y el mundo editorial Prisa, Planeta, Aranzadi o Anaya –periódicos y emisoras de radio y televisión.

Se puede concluir que la transición ha transformado poco la estructura del poder de las "viejas oligarquías financieras" articuladoras de la clase alta y el poder político, si bien los sectores de actuación se han visto modificados. En un relato que nada tiene que ver con la meritocracia (pues los recursos obtenidos del éxito profesional suman tan sólo el 13%) el enorme gasto público en obras e infraestructuras unido al boom inmobiliario y la corrupción les ha favorecido para que se encumbraran a los primeros puestos del ranking del mercado libre. Antes de que se produjera la temida contracción del sector, en 2006 trece de los 20 españoles con mayor patrimonio habían amasado buena parte de su fortuna en la construcción y promoción inmobiliaria. Junto a esas fortunas surgidas del ladrillo y de nuestros bolsillos ha surgido una nueva generación de adinerados, de modo que los 50 personajes más ricos de la Bolsa española suman un patrimonio de 95.000 millones de euros, el 10% del PIB. Los paquetes accionariales de las veinte mayores fortunas que cotizan en bolsa valían en 2003 16.628 millones de euros, y cuatro años después, 54.000 millones: en cuatro años, triplicaron su enorme riqueza. Además, al margen de las empresas cotizadas, todavía con cierta transparencia, los patrimonios personales quedan confundidos en una maraña de fundaciones, cuentas en paraísos fiscales, propiedades inmobiliarias bajo testaferros, compañías patrimoniales, family offices y sociedades de inversión colectivas –SICAV5.

Finalizando, en la particular clasificación de españoles en los últimos años en la lista de multimillonarios de la revista Forbes (poseedores en el mundo de más de mil millones de dólares) existe un claro predominio de constructores o promotores inmobiliarios. Entre quienes entran y salen de esa lista encontramos a Amancio Ortega, dueño de Inditex (participaciones grandes en Banco Pastor, NH Hoteles o Afirma –antigua Astroc) con una fortuna de 25.000 millones de dólares, el español más rico y noveno del mundo; Rafael del Pino (recientemente fallecido) del grupo constructor Ferrovial (FCC.MC) con 8.600; Enrique Bañuelos, fundador de Astroc y hoy dueño de la mayor inmobiliaria de Brasil con 8.600 millones; y, entre 1.000 y 4.000 millones, Luis Portillo (ex presidente de la inmobiliaria Colonial), Luis del Rivero (presidente de la constructora Sacyr Vallehermoso); José Manuel Loureda (ex presidente de Sacyr Vallehermoso); los hijos de Juan March; Rosalía Mera, ex mujer de Ortega (que continúa en los consejos de Inditex y la farmacéutica Zeltia); Alicia y Esther Koplowitz (Fomento Construcciones y Contratas –FCC); los "Albertos" Alcocer y Cortina; los Botín (Banco Santander, SCH); Isak Andic de Mango; los Polanco (Prisa: televisión, radio, editoriales); Manuel Jove (Fadesa) y Gabriel Escarrer (Sol Meliá).

2. ¿Qué intereses defienden los "más favorecidos" por el mercado y qué refundación del capitalismo les interesa?

2.1 Luchar contra el déficit del Estado y no contra las causas reales y sistémicas de la crisis. El sistema financiero ha generado la crisis. En respuesta, los Estados usaron el dinero de los contribuyentes, billones de dólares y euros, para sacarles las castañas del fuego y ahora son los mercados financieros los que aprietan a los Gobiernos para que reduzcan el déficit que ellos mismos han provocado. Todo ello en una realidad en la que los bancos están subvencionados de manera encubierta al poder acudir al Banco Central Europeo para que les preste dinero al 1% de interés, mientras ellos lo prestan como mínimo al 5%. La banca y las gestoras de inversión (quienes marcan las reglas es el sistema financiero internacional) influyen en la decisión política de múltiples maneras, la más mezquina a través de las entidades de rating controladas por grandes empresas multinacionales que, a su vez, poseen capital cruzado con la banca. A esa mano visible del mercado le interesan unas medidas contra la crisis centradas en hacer frente al déficit del Estado (sin atender por tanto las causas de la crisis sistémica) basadas en la reducción del gasto público y el incremento de impuestos indirectos (en los que Botín y tú pagáis lo mismo). Así que vamos a pagar la lucha contra el déficit del Estado nosotros y no ellos cuando al contrario de lo que tanto se cacarea en los medios de (des)información, ellos chupan mucho más del Estado que nosotros.

Los favorecidos por el mercado escogen las estrategias para paliar el déficit del Estado a la carta. En España esto se ha visto en dos modos. Primero, haciendo recaer el monto de las reformas de ZP sobre otros hombros y no los suyos: rebaja de una media del 5% en los salarios de empleados públicos (no sólo funcionarios), congelación de pensiones,... –además se van a beneficiar de una reforma laboral que abarata todavía más los costes laborales. Segundo, han conseguido que ZP centre su estrategia (ya sé que es incapaz de hacer tal cosa: una "estrategia", pero bueno, él lo cree así) para meter mano en la cartera de los más ricos a través de una subida del IRPF cuando eso, en las mayores fortunas, es del todo inútil.

Las grandes fortunas prestan muy poca atención a unas cuentas bancarias en las que sólo tienen colocado el 2,6 por ciento de su riqueza. Incluso alguno de los supermillonarios oficiales declara no tener un duro en depósitos bancarios. Lo tienen en gestoras, bancos especializados, "chiringuitos" y paraísos fiscales. Acumulan sus fortunas en inmuebles, empresas, tierras y cuentas bancarias, pero mantienen una característica en común: su habilidad para pasar inadvertidos. Hoy, las grandes fortunas españolas tienden a diversificar inversiones y, de hecho, a reducir su presencia en la Bolsa. A través de sociedades de inversión, en 2007 tenían invertido casi un 40 % de sus valores en acciones extranjeras. Por todo ello, si se quiere meter mano a las grandes fortunas no puede ser a través de sus declaraciones fiscales.

Estas fortunas no se pueden medir en sus rentas como personas físicas (lo suelen hacer además en buena medida como figura jurídica beneficiándose de tipos más bajos); si se les quiere meter mano hay que neutralizar la maniobra de desviar capitales a paraísos fiscales, aniquilar las cajas de dinero negro y gravar de verdad sus ingresos provenientes de la especulación financiera mediante las inversiones en sociedad, principalmente mediante el chollo de las SICAV (Sociedad de Inversión de Capital Variable). ¿Qué es una SICAV y por qué el gran capital se favorece por su existencia? Las SICAV son Sociedades Anónimas acogidas a la legislación específica de Instituciones de Inversión Colectiva que gozan de importantes ventajas fiscales como supuesta contrapartida al cumplimiento de una serie de requisitos exigidos por dicha legislación: Número de accionistas igual o superior a 100; 2,4 millones de euros como capital mínimo; limitaciones a las inversiones; capital variable entre el mínimo y máximo fijado estatutariamente; tutela y control de la CNMV y Dirección General del Tesoro y Política Financiera. Las SICAV están gravadas con 1% en el Impuesto de Sociedades mientras el capital está dentro de la SICAV y con un 18% del beneficio neto cuando el capital se rescata, lo que les equipara con el gravamen del beneficio de un fondo de inversión en renta variable convencional –recordemos que el tipo mínimo de un asalariado es el 24%6. ¿Por qué son más interesantes las SICAV que los fondos de inversión en renta variable habituales para las grandes fortunas? 1) Se benefician de rebajas fiscales propias de inversiones colectivas como los fondos de inversión y permiten la gestión propia de los capitales sin mediar un banco o sociedad de inversión distinta. 2) Reciben menor presión fiscal anual legal. 3) Tienen menor presión de las investigaciones fiscales del Estado (inspectores de Hacienda) y disfrutan de la alegalidad de los mecanismos de fraude fiscal –sacar el beneficio y no el capital inicial. Las grandes fortunas lo hacen mediante reducciones de capital y no con la venta de las acciones o la distribución de dividendos.4) Si el titular del vehículo fallece, sus hijos no tendrán que pagar nada a Hacienda porque en España no existe la 'plusvalía del muerto'. Tampoco tributarán por Sucesiones. Aunque la constitución de una SICAV exige un mínimo de 100 accionistas, es público que la mayoría de las casi 3.400 sicavs que existen en España son unifamiliares o casi. Las SICAV de las grandes fortunas son en realidad sociedades individuales y no colectivas, con la colaboración de los llamados "mariachis": personas que cubren el cupo hasta llegar hasta 100% pero que en realidad solo actúan de relleno. Por ejemplo: la SICAV de un gran potentado como Amancio Ortega. Por eso pueden los grandes reducir capital a su antojo cuando en una verdadera sociedad colectiva sería mucho más difícil conciliar intereses; por eso no se deberían beneficiar de las ventajas fiscales de sociedades colectivas de inversión.¿Quiénes tienen SICAV con "mariachis"? Alicia Koplowitz, (accionista de referencia de la SICAV Morinvest, 452,616 millones); Amancio Ortega (Gramela), Rosalía de Mera (Soandres), Manuel Jove, José Luis Núñez (ex-presidente del F.C. Barcelona), la familia Polanco (PRISA), la saga de los Asensio –Grupo Zeta- (Platino Financiera), los Fernández-Somoza o los Del Pino (Ferrovial) también han refugiado gran parte de su capital en depósitos. Soixa, sociedad que canaliza 175 millones de euros de la familia Hernández Callejas, accionista principal de Ebro Puleva. También Almodóvar tiene su SICAV: Oyster Inversiones, cuyo máximo accionista era la productora El Deseo (más de un 97% del capital), presidida por el hermano del director de cine, Agustín Almodóvar. Oyster tenía cerca de 200.000 euros, casi el 5% de su patrimonio, en Lux Invest, uno de los fondos contaminados por el efecto Madoff. En ese momento la SICAV era gestionada por la sociedad del Grupo Santander, Santander Asset Management.

¿Quién ha sacado ya beneficio fraudulento de la Sicav?

Es público que Amancio Ortega, el hombre más rico de España, sacó 200 millones de euros de sus sicavs Keblar y Alazán. La familia Polanco hizo lo propio el pasado verano, vaciando literalmente sus sicavs Nomit IV Global, Nomit III Internacional Y Nomit Inversiones –al retirar hasta el 80% del capital. También lo hizo la familia del Pino (Ferrovial) al reducir en un 75,3% del capital de su sociedad Keeper de Inversiones. El reembolso ascendió a unos 107 millones de euros. La familia Sanahuja, dueña del 30% de Metrovacesa, también realizó diferentes reembolsos en junio y agosto de 2009 en Cartera Cresa. Todas estas operaciones se han realizado mediante reducciones de capital, al estilo de cualquier sociedad mercantil que devuelve las aportaciones realizadas por sus socios. A efectos fiscales, el dinero que sale no tributa hasta que supere la cantidad inicialmente invertida, porque se considera que lo que se retira es capital y no las ganancias obtenidas por las inversiones de las sicavs. Es lo que se conoce como criterio FIFO (first in first out): es decir, que lo primero que inviertes es capital y lo primero que sacas también. Un fraude en toda regla teniendo en cuenta la lógica regulatoria de las SICAV.

El capital no entiende de naciones ni pueblos. En diciembre de 2009, el parlamento vasco aprobó el aumento de los impuestos a las SICAV hasta 28%, igualando su tributación a al de las sociedades mercantiles. Tras este movimiento se produjo una desbandada de sociedades hacia Madrid, donde seguirían pagando el 1% y el 18% en el momento del rescate. Y es que un argumento muy recurrente es que las SICAV "no se pueden tocar porque al día siguiente están domiciliadas en Luxemburgo". Siendo necesaria una acción coordinada de todos los países importantes para endurecer todos a la vez las normas, el primer paso es presionar a los estados para perseguir el fraude fiscal de verdad y no a cámara lenta.

El estado, actuando contra sí mismo, desoye las recomendaciones de los profesionales. Los inspectores de Hacienda llevan muchos años aconsejando medidas para un plan integral contra el fraude fiscal que está en permanente letargo, habiendo realizado propuestas como la suspensión de las SICAV, el fortalecimiento de las investigaciones de delitos fiscales o la reforma del régimen de módulos, uno de los principales focos de fraude según los inspectores. Sin embargo, el director de la Agencia Tributaria (que es el órgano que está elaborando el plan), Luis Pedroche, se ha convertido en el principal defensor de la fiscalidad de las sicavs, pese a que fue el instigador de la ofensiva inspectora contra estos instrumentos en 2005 que provocó un enfrentamiento entre Hacienda y el entonces presidente de la CNMV, Manuel Conthe. La polémica la cerró Pedro Solbes poniéndose de parte de Conthe.

Las estrategias de evasión fiscal de los favorecidos del mercado aprovechan la sospechosa lentitud del Estado al intervenir en el fraude. Esto lleva a que hoy las SICAV estén empezando a dejar de ser el último grito de las inversiones. Algunos analistas aseguran que las SICAV (3.365 según la CNMV) están cayendo en desuso porque hay otros instrumentos financieros más ventajosos: invertir en ladrillos y compañías británicas y estadounidenses; fondos de inversión internacionales como Fidelity, Chase Manhattan o UBS; fondos de capital riesgo o compra de edificios para que se pierda la pista a un capital que antes era visible. Alicia Koplowitz, por ejemplo, lleva cinco años operando diferentes firmas de su propiedad, radicadas en Irlanda, denominadas fondos de inversión libre o "hedge funds" –menos controlados, más estables y versátiles. Una variante más exclusiva de éstos, las Sociedades de Inversión Libre (SIL, dirigidas a patrimonios individuales) está llegando a España y, al parecer, "los ricos están como locos con ese vehículo". Otro instrumento que gana fuerza son las firmas de capital riesgo (SCR). Cada vez hay más (Quercus, de los Carulla, Qualitas de los Polanco, Hemisferio de los Lara, MCI de los Molins), ya que permiten derivar fondos y utilizarlos al gusto mientras no se cierran las operaciones. Y es que las SICAV no han sido, son, ni serán el único instrumento de evasión fiscal de los especuladores favorecidos por el mercado y los estados.

Los impuestos que se quedan sin pagar por culpa de los paraísos fiscales. Esta es una técnica aplicable tanto por empresas como personas físicas. Entre las primeras es conocido (y no deja de ser ilegal) que se benefician de esta estrategia especialmente las grandes empresas. Por ejemplo: Telefónica, Repsol y BBVA son las tres empresas del Ibex 35 con mayor presencia en estas áreas, pero son muchas las corporaciones que utilizan los paraísos fiscales para obtener beneficios: Santander Central Hispano, Banco Sabadell, Banco Popular, La Caixa, entre otras. La mitad de las empresas que cotizan en el Ibex 35 poseen sociedades en paraísos fiscales. Por otra parte, resulta igualmente lacerante el continuo escándalo de las figuras del deporte o la canción que se han estado domiciliados junto con sus capitales en paraísos fiscales: Andorra (Javier y Arantxa Sánchez Vicario, Montserrat Caballé, Alfredo Kraus, Antoni Rosa Marvá, Alex Crivillé, Sito Pons); Miami (Julio Iglesias, Raphael, Bertín Osborne); Mónaco (Severiano Ballesteros, Carlos Sáinz, Emilio Sánchez Vicario, Plácido Domingo, Abraham Olano); Suiza (Conchita Martínez, Manuel Prado y Colón de Carvajal); Alejandro Sanz, Ana Torroja, Dani Pedrosa y un largo etcétera. En términos generales, 9 de cada 10 multimillonarios españoles eluden sus obligaciones fiscales simulando fijar su residencia y la de sus fortunas en otros países, pero a ningún gobierno se le ha ocurrido todavía combatir ese fraude monstruoso y esa conducta antisocial despojándolos, por ejemplo, de la nacionalidad española, declarándoles "personas non gratas" e impidiéndoles la entrada en territorio español o la posibilidad de competir por el Reino de España en el caso de los deportistas –una propuesta realizada de hecho por los Inspectores de Hacienda del Estado, IHE.

Eliminación del impuesto de patrimonio y desactivación del impuesto de sucesión y donaciones, a su vez transferido a las autonomías. Ambas reformas realizadas por el PSOE bajo la batuta de ZP.

2.2 Desmantelamiento y apropiación privada del sector público. Bajo el argumento de reducir el gasto público y la falacia de la mayor eficacia de la gestión privada se desmantela el sector público y las grandes fortunas españolas (ahora también extranjeras) se apropian de él. Esto se hace por dos vías:

1) Descapitalizando y depauperando conscientemente los servicios públicos para después externalizarlos sin control en todo tipo de áreas que pasan a generar lucro en manos privadas, además de degradarse la prestación propia de esos servicios y del empleo que generan.

2) Privatizando directamente las empresas públicas, como ocurre desde mediados de los ochenta (especialmente inicios de los noventa), fueran estás empresas deficitarias (muchos servicios del estado no tienen porqué dar beneficios contables directos sino que proveen de beneficios sociales o también económicos indirectos) o muchas otras generadoras de pingües beneficios. Daba lo mismo. En las primeras, el capital se desprendió de lo que no era rentable; las segundas han sido utilizadas como lanzadera multinacional de la empresa española.

2.3 Con el desmantelamiento de lo público pasamos de ser ciudadanos con derechos (educación, sanidad o pensiones) a clientes de las grandes empresas y fortunas –contratando seguros sanitarios privados, pagando por educación privada, o contratando fondos de pensiones.

2.4 Las reformas laborales abaratan nuestro trabajo y debilitan nuestra capacidad de ejercer derechos. A través de las reformas aprobadas en el pasado y las que están siendo diseñadas en estos momentos a imagen y semejanza de las recomendaciones del FMI (el cual incita al gobierno a no contar ni siquiera con los "actores sociales" ya domesticados), el capital y la clase empresarial consiguen disponer de nuestra fuerza de trabajo y de la plusvalía que nosotros y no ellos generamos, de manera más barata y sumisa, facilitando el despido (hoy ya prácticamente libre en la mayor parte de casos) y promoviendo el aumento de los beneficios del capital a costa de los salarios, hoy ya ínfimos en el propio PIB español.

2.5 El control de los "mercados" de la decisión política. Cuando los especuladores y la clase empresarial controlan la decisión política, se produce un doble efecto.

Primero: promueven medidas estructurales a la carta supuestamente dirigidas a estabilizar la macroeconomía, reduciendo el déficit del estado y ofreciendo "tranquilidad" a los mercados –es decir: a los inversores. La solución de la crisis financiera la dicta quien provocó la crisis y para su propio interés.

Segundo: el capital autóctono consigue acomodar sus intereses más cercanos, como se ha comprobado al mantener el "Plan E" durante dos años como principal herramienta del gobierno PSOE contra la crisis. ¿Por qué si no, cuando la dependencia del sector de la construcción era una debilidad de la economía española, hemos seguido enriqueciendo con dinero público a las grandes constructoras?

2.6 Las "nuevas" multinacionales españolas dictan la política exterior española. Es un hecho que la diplomacia española (tan decimonónica ella) está al servicio de las multinacionales, promoviendo sus intereses espurios y muchas veces criminales en América Latina, África o Asia y actuando cobarde y vilmente en conflictos como el genocidio israelí sobre el pueblo palestino.

1- Este apartado bebe en muchos de los datos aportados del siguiente artículo: Fernández Clemente, Eloy (2008) Élites y poderes económicos en la España del siglo XX, Cuadernos de Historia Contemporánea 57, vol. 30, 57-82.

2- TAMAMES, Ramón: Oligarquía financiera en España, Barcelona, Planeta, 1977, dedica el capítulo quinto a "Los centros del poder económico", pp. 143-230

3- DÍAZ HERRERA, José & TIJERAS, Ramón: El dinero del poder. La trama económica en la España socialista, Madrid, Cambio 16, 1991. En parecido tono: GARCÍA ABADILLO, Casimiro: De la euforia al descrédito: crónica del dinero, Madrid, Espasa Calpe, 1995.

4- YNFANTE, Jesús: Los muy ricos. Las trescientas grandes fortunas de España, Barcelona, Grijalbo, 1998, pp. 175-176

5- CÁRDENAS, Juan, OLTRA, Christian & RODRÍGUEZ, Josep A.: El poder económico nacional y transnacional en Europa. Investigación financiada por el Programa sectorial de Promoción General de Conocimiento (1999-2002). Redes sociales, capital social, acción colectiva, poder, Barcelona, 2002 [http://www.ub.es/epp/redes/poder.PDF]. 84 RODRÍGUEZ DÍAZ, José Antonio: "Revisitando el poder: cambios en la estructura del poder económico español (1991-2000)", Sistema, 172 (2003), pp. 3-26.

6- Ley 35/2003, de 4 de Noviembre, reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva. Se completa con el Real Decreto 1309/2005, de 4 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 35/2003.

 

Ajustes criminales, capítulo 4, 21 de diciembre de 2010.

Durante los primeros días de noviembre, los PIGS (acrónimo en inglés con el que las madres superioras del capitalismo se refieren a Portugal-Irlanda-Grecia-España) han sufrido un nuevo atentado especulativo-financiero y una posterior extorsión por los cuales la banca internacional, las multinacionales y las oligarquías locales han arrebatado una parte importante de la riqueza de las diferentes poblaciones y han aumentado sensiblemente las condiciones de explotación en esos países.

Irlanda ha sido, en esta ocasión, el país más perjudicado por una 'ofensiva neoliberal' que ha provocado la intervención de sus instituciones por el sistema financiero internacional y las potencias europeas. Como afirma el departamento de relaciones internacionales de la CUT colombiana, Irlanda ha pasado de 'tigre asiático' a 'gato tercermundista'.

Analicemos con un poco de atención el caso Irlandés. En la década de los 90, Irlanda era un país ejemplar para los fanáticos del neoliberalismo. Su Producto Interior Bruto aumentaba a un ritmo desorbitado, cerrando la década con un crecimiento del 11%.

Pero un aumento en el PIB es perfectamente compatible con la acumulación de renta en las grandes empresas, el aumento de la desigualdad y la preparación de un endeudamiento descabellado. De una parte, este auge se basó en la especulación financiera, en los privilegios a la inversión extranjera, en la desregulación de las relaciones laborales (incluso creando zonas francas de producción) y en la rebaja de imposiciones a la producción –especialmente para las multinacionales. Por otro lado, los bancos irlandeses proporcionaron crédito a granel con tipos de interés artificialmente bajos y empujaron a la población a un consumo enloquecido. Las 'burbujas' distorsionaron la realidad: Irlanda era un paraíso neoliberal.

En 2008 estalló la principal burbuja irlandesa: la inmobiliaria. Cuando las familias no pudieron soportar ese nivel de endeudamiento que aseguraba el ritmo de circulación de capitales necesario para garantizar los beneficios de los especuladores, el crédito dejó de fluir y el sector privado quedó endeudado hasta las cejas con los bancos irlandeses –a su vez gravemente endeudados con los grandes bancos internacionales.

El gobierno irlandés, como han hecho todos los gobiernos europeos, corrió a salvar a la banca, a los empresarios y a los especuladores de toda calaña, es decir, a socializar las pérdidas de quienes llevaban más de una década obteniendo ingentes beneficios a costa de exprimir a la población irlandesa.

En dos tandas de rescate, el gobierno irlandés quitó 55.000 y 45.000 mil millones de euros a la población, lo que generó una deuda pública del 55,2% y un déficit público del 32% en 2010.

Aunque Irlanda ha sido el país europeo más obediente a los dictados de las instituciones económicas internacionales al garantizar el 100% de pérdidas de la banca y del sector inmobiliario, los especuladores financieros no han dudado en aprovechar esta socialización de pérdidas para volver a atacar a la economía irlandesa. Los 'mercados' han aprovechado para ir conquistando sectores estratégicos, ganar más ventajas fiscales, hacer retroceder los derechos laborales y aumentar hasta la asfixia los intereses que Irlanda ha de pagar para refinanciar su deuda. Basta decir que Irlanda pagaba, a primeros de enero de 2010, un 1% que se convertiría, diez meses después, ¡en el 8%!

Para colmo, el 21 de noviembre de 2010, el obediente Gobierno de Irlanda (sometido a la presión política de la UE y del FMI y al chantaje del capital internacional) solicitó el tipo de ayuda que los actores internacionales le estaban exigiendo. Los ministros europeos de economía se reunieron esa tarde por teleconferencia y dieron el visto bueno (alguno de ellos incluso por teléfono) al plan de rescate que tanto ansiaban imponer, tal y como afirmó el Comisario europeo de Economía y Asuntos Monetarios, Olli Rehn: 'Celebramos la solicitud del Gobierno irlandés de ayuda financiera de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional'. Otro gol de los dueños del dinero.

La 'ayuda financiera' ha consistido en un préstamo de 85.000 millones de euros a devolver en nueve años al 6% de interés, una cantidad menor de la que Irlanda tiene que pagar a los usureros internacionales por los créditos. Ese préstamo no es ningún favor ni aquí ni en Plutón, ya que muy por encima de él está la 'barra libre de crédito' al 1% que el BCE regala a los bancos privados de Europa. Este préstamo al 6% supone que Irlanda tendrá que pagar 8.500 millones de euros adicionales (¡un 20% de los ingresos anuales del Estado!) en concepto de intereses.

Pero solicitar este tipo de ayudas no sólo conlleva la devolución de la deuda y el pago de intereses sino también la cesión de la soberanía económica, que pasa a ser controlada por las instituciones representantes del capital internacional. Ellas son quienes aplican los programas que mejor expriman a la población para obtener los máximos excedentes.

Según dijo el ECOFIN en una nota de prensa: 'el apoyo financiero se proporcionará bajo un firme programa de políticas que será negociado con las autoridades irlandesas por la Comisión y el FMI, en colaboración con el BCE'. Dominique Strauss-Kahn, director gerente del FMI, echa más leña al fuego: 'un equipo del FMI que se encuentra en estos momentos en Irlanda para contactos técnicos iniciará ahora una discusión sobre un programa económico con las autoridades irlandesas'.

Las medidas impuestas entre unos y otros a la población irlandesa son entre otras:

1-Reducir el déficit público del 32% actual al 3% en 2014. Para ello deben rebajarse los presupuestos públicos en 15.000 millones de euros, lo que supone reducir drásticamente el gasto social y la inversión, dejando el sector público a merced de la privatización de recursos y derechos.

2- Suprimir 25.000 empleos públicos.

3- Reducir los salarios en un 12%.

4- Aumentar el IVA hasta el 23%.

5- Aumentar progresivamente la edad de jubilación hasta los 68 años y reducir el fondo de reserva de las pensiones en 17.500 millones usados para el rescate.

6- Aumentar las tasas universitarias en un 20%.

7- Implementar nuevos impuestos sobre el consumo de agua y energía y aumentar los impuestos sobre la renta.

8- Estimular la producción y la economía real.

9-Mantener el impuesto de sociedades en el límite del 12,5%.

El grado de aplicación de este plan está sujeto a cumplir las expectativas de las instituciones internacionales. Si Irlanda no las cumple, el FMI y la UE le pueden exigir que implemente 'nuevas medidas'.

Cómo se perpetra el ataque financiero a un país.

El ciclo especulativo es simple y brutal: se detecta al país con mayor déficit fiscal, deuda, debilidad bancaria, burbujas y con una economía indefensa frente al ataque. A continuación entra en acción un concierto para delinquir conformado por corredores de bolsa, calificadoras de riesgo y especuladores.

Después de apostar al alza de los valores en bolsa para inflar las burbujas, se precipita una venta masiva de esas acciones y títulos. Por la inercia del mercado, sus precios tienden a la baja y, seguidamente, las todopoderosas calificadoras elevan la prima de riesgo a la cuantiosa deuda del país en cuestión.

Los intereses por la obtención de recursos frescos crecen exponencialmente para 'cubrir el riesgo' de los especuladores ante la evidente debilidad económica. Esta insolvencia genera el pánico y hunde la bolsa, donde los que antes apostaron al alza hacen su agosto comprando las acciones a la baja, seguros de que los Estados acudirán con recursos de los contribuyentes a rescatar la economía antes de que ésta se hunda definitivamente. Por eso el rescate viene siempre acompañado de dolorosos 'planes de ajuste' que exprimen a la población para arrebatarle los recursos necesarios para pagar a los especuladores. Por eso hablamos de 'ajustes criminales'.

Ése es el ciclo que están sufriendo Irlanda, Portugal, España y otros estados de la periferia de la 'zona euro'.

Reino de España, noviembre de 2010: consecuencias del ciclo especulativo.

El 27 de noviembre, con la 'presión' de una situación financiera muy adversa, el Presidente del Gobierno mantuvo una reunión con los 37 principales empresarios del país. En esta reunión, Zapatero pactó con los 'mercados nacionales' acelerar la reforma de las pensiones, acelerar la entrega de la cartera de negocio de las privatizadas cajas de ahorro a los grandes bancos e implementar nuevas medidas que 'aumenten la competitividad' de las empresas.

Cuatro días después, el 1 de diciembre, el Gobierno Español volvió a imponer un nuevo 'plan de ajuste' destinado a aumentar el excedente empresarial, ceder sectores estratégicos a los bancos de inversión y arrebatar ingresos a la población en favor del capitalismo internacional.

Este último (por ahora) plan de ajuste consiste en:

1- Privatizar el 49% de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, abriendo la puerta de los aeropuertos al capital privado.

2- Implantar la gestión privada en algunos aeropuertos y torres de control. Entre ellos se declara la intención de privatizar el 100% de la gestión de El Prat y de Barajas. En 2011 se liberalizará el control aéreo de 13 de los 47 aeropuertos españoles (entre ellos Valencia, Sevilla y Vigo) y el resto a partir de 2012. Esta medida permitirá, según en ministro de Fomento, reubicar a 190 controladores el próximo año -privatización que el Gobierno ha impuesto manu militari.

3- Privatizar el 30% de Loterías y Apuestas del Estado, una empresa pública muy rentable con ingresos anuales de 10.000 millones y beneficio anual de 3.000 millones de euros. Ya hay varias empresas de apuestas (como CIRSA y Bwin) y algunos bancos de inversión que se han postulado como candidatos para optar a ese 30%.

4- Suprimir el subsidio de hambre y miseria de 426 euros mensuales –previsto para parados de larga duración. A partir de febrero de 2011, las 650.000 personas que percibían esta ayuda pasarán a engrosar la lista del millón y medio de personas que no tienen ningún ingreso en el Estado Español. Se elimina así cualquier tipo de ayuda estatal a paradxs de larga duración y la pelota queda en el tejado de unas comunidades autónomas sin suficiente dotación presupuestaria. Así funciona la reforma del desempleo anunciada en la Reforma Laboral, cuyo hilo conductor predica que 'quien no trabaja es porque tiene mucha cara'.

5- Comprometerse a aprobar esa misma semana el 'Reglamento de agencias privadas de colocación' (cuestión también introducida en la última reforma laboral), cuyo fin es aplicar la Directiva de comercialización de servicios para 'liberalizar' los servicios de colocación. Así se da un paso definitivo para vaciar de contenido y presupuesto al antiguo INEM. Aunque los servicios públicos de colocación forman parte del derecho al trabajo, una vez más se nos manda a comprar derechos en el mercado. De momento, lo que está claro es que las agencias privadas de colocación van a ser financiadas con dinero público, las 'sin ánimo de lucro' al 90% y las 'con ánimo de lucro' al 60%.

6- Incluir un cambio en el primer tramo del Impuesto de Sociedades ampliando la base imponible para las empresas que tributan al tipo reducido: desde los 120.000 euros actuales de beneficios hasta los 300.000. Es decir, las empresas que tengan beneficios inferiores a 300.000 euros anuales verán reducido su tipo impositivo en un 16,6%. Para 'crear riqueza' y 'generar empleo', por supuesto.

7- Ampliar el concepto de 'empresa de tamaño reducido' según el volumen de facturación, que pasará de 8 a 10 millones de euros. 40.000 nuevas empresas verán reducido el tipo impositivo sobre sus beneficios en un 33%. ¿Se cubrirá este agujero presupuestario con los 426 euros de los paradxs? Es que estamos tan preocupados por reducir el déficit y ayudar a las empresas... sin duda, mucho más que por dejar morir de hambre a tanto vago y maleante. Y a sus familias.

8- Generalizar la libertad de amortización en el Impuesto de Sociedades hasta 2015, antes sólo prevista hasta 2012 y para empresas de reducida dimensión o para aquellas de mayor dimensión que mantuviesen su nivel de empleo. A partir de ahora se ampliará a todo tipo de empresas y desaparecerá la cláusula de mantenimiento de plantilla, aunque el texto definitivo está aún por concretar.

9- Eliminar la obligación del recurso cameral: hasta ahora, todas las empresas y trabajadores autónomos estaban obligados a pagar este canon a las cámaras de comercio. Esta medida supone un ahorro anual de 160 millones de euros para las grandes empresas y 90 para las pequeñas.

10- Posibilitar la creación de una empresa en 24 horas y por 100 euros: se adelanta lo previsto en la Ley de Economía Sostenible sobre las normas que persiguen la reducción de plazos, costes y obstáculos para crear una empresa. A demás de un presupuesto clásico del liberalismo, ésta es una medida clave para el desarrollo de esa economía 'basada en el conocimiento' contra la que luchan los estudiantes anti-Bolonia.

11- Integrar a los funcionarios de nuevo ingreso en el Régimen General de la Seguridad Social. Esto parece contradecir la lógica del resto de medidas y perjudicar los intereses de empresas como Adeslas, Asisa, DKV Seguros Reunidos e Igualatorio Médico-Quirúrgico: les impide el negocio con los jóvenes, sus clientes más rentables. Pero no debemos olvidar que esta medida, como el resto del paquete, ha sido dictada por el verdadero gobierno, el poder económico, así que todo hace prever que las futuras contraprestaciones aparezcan cuando se afronte la reforma sanitaria o la del régimen de la seguridad social.

El mismo 1 de diciembre de 2010, horas después de que el presidente del gobierno español anunciara estas medidas, Joseph Ackermann (Consejero delegado de Deutsche Bank, gigante financiero alemán y uno de los mayores bancos de inversión del mundo) declaró en prensa: 'Los datos económicos no justifican de ninguna manera la aparente desconfianza que existe en el caso de España (...) las decisivas reformas económicas y la reestructuración de las instituciones financieras del sector público [cajas de ahorros] pueden devolver pronto al país al camino del crecimiento'.

El mismo 1 de diciembre, tras el anuncio del plan de ajuste, y después de las declaraciones benevolentes del BCE, del ministro de economía alemán y del Deutsche Bank, adivinad qué ocurrió: la prima de riesgo del Bono español se redujo del histórico registro 311 puntos a 252 puntos básicos, lo que quiere decir que los intereses que España tiene que pagar por su deuda se redujeron del 5,7% al 5,2%. El IBEX 35, que había caído 1.500 puntos (14%) a lo largo del mes de noviembre, recuperó 700 puntos sólo en los 4 primeros días hábiles de diciembre.

En las dos primeras semanas de diciembre de 2010 los especuladores parecían saciados con el botín del plan de ajuste, pero el gobierno, cual fiel vasallo, continuó cumpliendo con sus compromisos y haciendo trabajos voluntarios con los que contentar al Señor Feudal: en su afán por ser el primero de la clase, siguió buscando por aquí y por allá dónde robar unos miles de millones más a los trabajadores y trabajadoras para regalárselos a sus todopoderosos amos... Y encontró un lugar: el viernes 3 de diciembre subieron los impuestos regresivos sobre el consumo de alcohol y tabaco y se concretó el reglamento de las agencias privadas de colocación. La semana siguiente, el gobierno español la dedicó a preparar un paquete de 88 medidas con el que las empresas se ahorran 2.000 millones de euros más.

Estas medidas fueron publicadas el 14 de diciembre y con ellas se afecta fundamentalmente a las administraciones de Justicia, Hacienda, Industria y Transporte, abriendo el camino a la externalización y la gestión privada de los servicios administrativos. Esta será una de las líneas clave de la reforma de la administración pública a la que asistiremos durante 2011. Que nadie se sorprenda.

A pesar del servilismo de nuestros representantes democráticamente electos, los especuladores seguían insatisfechos. El gobierno aplazó a marzo de 2011 una Reforma de las Pensiones que debería haber aprobado en noviembre de 2010. Durante ese mes de noviembre, los voceros del capital internacional y su palmero español, el Gobernador del Banco de España Fernández Ordóñez, no dudaron en repetir insistentemente la urgencia de una reforma de las pensiones y (toma dos tazas) de la negociación colectiva.

Sirvan como ejemplo estas declaraciones que Fernández Ordóñez hizo el 24 de noviembre, en plena crisis de deuda, en el Senado:

- Sobre la reforma de las pensiones: 'es capital, crucial y vital para reafirmar [fuera de España] el compromiso de las autoridades con la disciplina presupuestaria y con su capacidad de efectuar reformas estructurales de calado, lo que podría repercutir favorablemente en el coste de la financiación del Tesoro y, por ende, de todos los agentes económicos (...) La modificación de las pensiones públicas es crucial para reafirmar en el exterior el compromiso con la disciplina presupuestaria'.

- Sobre negociación colectiva: 'la adecuación de los salarios, la retribución variable y otras condiciones laborales a la situación individual de las empresas'. Es decir, que las compañías puedan incumplir el convenio del sector 'de acuerdo con sus trabajadores'.

- Sobre la deuda de las comunidades autónomas: 'el control y la transparencia de las cuentas en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos' son necesarios. El gobernador pidió un techo de gasto anual, una planificación de los ingresos y gastos y una mayor transparencia a los parlamentos regionales.

A las recomendaciones de Señor Gobernador hay que sumar las recomendaciones que hacía publicas en esos días el FMI en un informe sobre España en el que pedía la descentralización de la negociación colectiva, 'la eliminación de la relación automática entre salarios e inflación' y 'una ambiciosa aplicación de la Directiva Europea de Comercialización de Servicios', que no es otra cosa que la transposición europea de los Acuerdos para la Comercialización de Servicios de la OMC. Sumando las declaraciones de Ordóñez sobre las CCAA y las del FMI sobre servicios se hace evidente una próxima crisis de deuda pública de las Comunidades Autónomas que pagaremos con la Sanidad y la Educación primaria y secundaria.

Como el gobierno español se había apartado de la agenda dictada por el poder económico aplazando las pensiones y con la deuda de las comunidades en el punto de mira, los ladrones de Wall Street y la banca internacional enviaron a sus sicarios para que diesen comienzo a la segunda parte del ciclo financiero-especulativo. El miércoles 15 de diciembre, la agencia de calificación Moody´s puso en revisión con tendencia negativa la calidad de la deuda pública del Estado Español, poniendo así su prima de riesgo en el disparadero.

El informe de Barclays Capital (división de banca de inversión del grupo británico) del 10 de diciembre considera que 'España, desde el punto de vista de los fundamentos de su economía y su deuda pública, es un país solvente. Pero si los inversores siguen nerviosos y el coste del bono público español llega al 7%, la situación sería explosiva y podría ser necesario un rescate del país por parte de Europa'. Precisamente: la revisión de calificación de Moody´s coloca a España al borde del rescate.

La sumisión del parlamento español y del gobierno no se hizo esperar. El mismo miércoles 15, la Comisión del Pacto de Toledo alcanzó un principio de acuerdo en materia de pensiones públicas. Es curiosa la eficacia que provocan S&P y Moody´s, porque la comisión llevaba discutiendo dese el 28 de enero de 2010 y a los suecos les costó8 años llegar a un acuerdo, pero las calificadoras consiguieron el inmediato acuerdo del Pacto de Toledo en cuestión de horas. Como no podía ser de otra manera, la vicepresidenta económica Elena Salgado anunció ese día 15 el adelanto de la publicación de los datos de ejecución presupuestaria de las comunidades autónomas al lunes 20 de diciembre. ¡Crisis de deuda resuelta!

Por lo que respecta a la reforma de las pensiones, hay que añadir que ésta no es una medida urgente. La seguridad social española tiene, a día de hoy, un superávit de casi 3.000 millones de euros/año. Vincular el futuro de las pensiones al envejecimiento de la población es una disyuntiva estúpida. Por un lado, el sistema de seguridad social necesita 117.000 millones de euros anuales que obtiene sin problemas de las cotizaciones de los trabajadores incluso con una tasa de paro del 20% y una tendencia de los salarios a la baja. Este escenario actual genera una tasa de dependencia trabajador/jubilado inferior a la peor de las posibles que pinta la Comisión Europea con el envejecimiento de la población para 2050 y el sistema sigue ganando dinero. Por otro lado, el fraude fiscal en España es de 80.000 millones, cifra equivalente a casi otro sistema de pensiones y más de un sistema de salud.

Pero la verdadera disyuntiva ha de centrarse en cómo queremos que se reparta la riqueza nacional.

Si tenemos en cuenta que en el Estado Español el excedente empresarial es de medio billón de euros, podemos optar entre multiplicar por cinco las pensiones o dejar que unos pocos se queden el beneficio del trabajo de la mayoría y encima darles una parte de lo dedicado a la subsistencia de nuestros mayores para que especulen y nos exploten mejor durante más años. Esta es la verdadera disyuntiva.